Myrna Mack

Nació el 24 de octubre de 1949 en Retalhuleu, Guatemala. Se graduó como maestra de educación primaria del Colegio Monte María en 1967. Posteriormente asistió a la Escuela de Servicio Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en donde cerró pénsum en 1971. Realizó estudios de antropología social en la Universidad de Manchester, Inglaterra; habiendo obtenido el grado de maestría en la universidad de Durham, del mismo país.

En 1982, al haber presentado su trabajo de tesis “De la organización de base a la movilización de masas en Nicaragua: El caso de Estelí” como culminación de sus estudios en la Universidad de Durham, retornó a Guatemala y se incorporó al equipo de Inforpress Centroamericana, en el cual se desempeñó por varios años como periodista, analista y redactora sobre el acontecer económico y político de la región.

Es así como conoce a un grupo de personas con quienes compartió la inquietud de crear, en Guatemala, un centro de investigación que abordara problemas urgentes de la sociedad guatemalteca. Las iniciativa respondía a la observación del vacío de conocimiento existente, sobre temas de la realidad social guatemalteca, especialmente derivado de la violencia ejercida contra sectores intelectuales en la primera mitad de la década de los 80.

Nace, entonces, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO-, organización en donde Myrna pone en práctica sus conocimientos sobre antropología social y su fuerte vocación de compromiso social y humano que cultivó desde su juventud temprana.

En la década de los años ochenta Guatemala sufrió el período más agudo de guerra interna. El Estado desarrolló, en este período, una  despiadada política represiva con una concepción amplia e indiscriminada de “enemigo interno” que afectó a distintos sectores de la sociedad civil, estuviese o no involucrada con el movimiento insurgente. La población más afectada por esta política de Estado fue la campesina, particularmente la indígena. Hombres y mujeres, niños y ancianos fueron, sin distinción alguna,  víctimas de atrocidades nunca antes vistas en América Latina desde la conquista.

Como resultado de tal campaña de terror, la población sobreviviente se vio obligada al desplazamiento hacia zonas selváticas o montañosas. La huída fue la continuación del martirio, en tanto que sufrieron la persecución, el hambre y las consecuencias de la vida en la intemperie que, con frecuencia, culminaba con un nuevo enfrentamiento a la muerte. Todo ello representó una inmensa carga emocional que se añadió al desgarro que significó el abandono de sus comunidades y familiares que, en ocasiones  habían muerto en condiciones de extremo sufrimiento, más la incertidumbre sobre la suerte de los que quedaron vivos.

Fue la conciencia de este drama humano y el contacto con sectores de la Iglesia Católica cercanas a las poblaciones desplazadas, lo que motivó a AVANCSO y, particularmente a Myrna, a involucrarse en una investigación que permitiera sacar a luz esa realidad. Se trataba de desvelar las condiciones de existencia de esa población sufriente; las determinantes que causaron la huída e impedían su retorno. El objetivo final era el de  promover una política de reinserción en condiciones dignas y seguras.

Convencida de que la sustentación empírica del fenómeno contribuiría a abrir los espacios para dar a conocer el problema y a perfilar las propuestas de solución, Myrna y su equipo de trabajo realizaron múltiples viajes al interior del país, principalmente a la zona ixil y a Alta Verapaz.. Así se desarrolló una investigación, de carácter antropológico, que abordaba la problemática de las poblaciones desarraigadas y desplazadas internas, que culminó con la publicación del libro “Política institucional hacia el desplazado interno de Guatemala” en 1990.

Los insumos que le brindó todo el trabajo de campo realizado le permitió seguir abordando la problemática de los desplazados internos, desde otra perspectiva: la del riesgo del retorno de estas comunidades a condiciones económicas más deterioradas, a espacios profundamente militarizados y a comunidades gravemente desarticuladas, lo que culminaría más adelante con la publicación de su segundo esfuerzo investigativo llamado ¿Dónde está el futuro?

El desarrollo del trabajo de Myrna logró su objetivo: levantar en ciertos escenarios el tema de los desplazados internos del país. Tanto es así que su trabajo fue determinante para que en la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos –CIREFCA-, celebrada en el país en mayo de 1990, se abordara el tema.  En esos años, la sociedad guatemalteca no conocía la magnitud de la problemática que Myrna estaba trabajando en sus investigaciones, a pesar de que involucraba a casi un millón de personas que por el conflicto armado tuvieron que dejar todo y adentrarse en las montañas como mecanismo de supervivencia.

Para el ejército, mantener este tema con bajo o nulo perfil en la opinión pública nacional e internacional, era una acción estratégica, ya que, si éste salía a luz en todas sus dimensiones, podría desencadenar iniciativas para el ingreso de ayuda humanitaria a país, principalmente de la Cruz Roja Internacional. Ello hubiera permitido evidenciar la magnitud y la profundidad del conflicto armado. Por lo tanto, una consecuencia derivada del trabajo de Myrna, era la de sacar a la luz la despiadada política contrainsurgente del Estado de Guatemala ejecutada por la institución militar.

Debido a los embates del conflicto armado, muchas de las familias desplazadas se habían organizado en Comunidades de Población en Resistencia –CPR- en distintas zonas del país. Sin embargo, en la adversidad y hostilidad del entorno en donde estas comunidades deambulaban era prácticamente imposible mantenerse, puesto que no existían condiciones mínimas y las personas morían de hambre.

Algunas CPR que se ubicaban en el área ixil buscaron apoyo en el gobierno para poder retornar con cierto grado de protección, pero no obtuvieron respuesta. Por tal motivo, se abocaron al obispo del Quiché, monseñor Julio Cabrera Ovalle, quien fue una ayuda para que estas comunidades salieran al claro. 

Myrna mantenía cercanía y amistad con monseñor Cabrera y discutía con él sobre la situación de los desplazados y refugiados internos, así como de las posibles acciones que contribuirían a resolver el problema. Ambos tenían conocimiento de las condiciones infrahumanas en las que vivían estas poblaciones y del riesgo que representaban nuevas acciones del ejército.

Dadas las circunstancias y la falta de respuesta institucional a la problemática, las CPR de la Sierra (área ixil) se vieron en la necesidad de redactar un documento en el que exponían la magnitud del problema. Myrna en un inicio no tuvo conocimiento acerca de este documento, aunque muchas personas la contactaban para preguntarle acerca de dicho texto.

El 7 se septiembre de 1990 fue publicado en los medios escritos de prensa el documento de las CPR de la Sierra. El ejército erróneamente vinculó a Myrna con la redacción del mismo, motivo suficiente para que el Estado Mayor Presidencial montara un operativo que culminó con la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, el 11 de septiembre de 1990, coincidentemente cuatro días después de haberse publicado este comunicado.

El esclarecimiento del asesinato de Myrna ha sido un esfuerzo que ha durado más de trece años, en el cual se han puesto de manifiesto las profundas y estructurales debilidades del sistema de justicia guatemalteco. Sin embargo, a pesar de todas las trabas judiciales, los obstáculos y, en consecuencia, el manto de impunidad que ha cubierto la administración de justicia y que ha definido este tortuoso proceso judicial, se ha logrado que las instituciones encargadas de la aplicación de justicia funcionen. Es así que de 1990 a 1993 se desarrolló el proceso en contra del responsable material del asesinato, el sargento especialista Noel de Jesús Beteta Álvarez, integrado al llamado “Archivo” del Estado Mayor Presidencial, que arribó a sentencia firme en casación en 1994, condenándolo a veinticinco años de prisión por este caso.

Como un precedente importante para el sistema de justicia, se dejó abierto en 1994 el proceso penal por responsabilidad intelectual contra tres militares de alto rango: el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, quien al momento del asesinato fungía como Jefe del Estado Mayor Presidencial; el coronel Juan Valencia Osorio, entonces jefe del Departamento de Seguridad Presidencial y el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, subjefe de ese mismo departamento.

El juicio oral contra los autores intelectuales se llevó a cabo de septiembre a octubre del 2002 y culminó con la condena contra el coronel Valencia Osorio por parte del Tribunal Tercero de Sentencia. Posteriormente, la Sala Cuarta de Apelaciones decidió revocar la decisión en mayo del 2003.

Finalmente, a inicios del 2004, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia de casación, en la cual se anuló la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones y confirma lo que el Tribunal Tercero de Sentencia había develado en octubre del 2002, llegando este proceso a sentencia firme, en la cual se condena a prisión por treinta años al coronel Juan Valencia Osorio, por la autoría intelectual de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, quien actualmente es prófugo de la justicia.   

A nivel internacional, el caso fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y, a finales del 2003, este órgano penal internacional emitió sentencia condenatoria al Estado guatemalteco por su responsabilidad en el asesinato, encubrimiento y denegación de justicia en el caso Mack Chang.

Sin embargo, la sentencia emitida por la CIDH va más allá, puesto que, además de condenar al Estado guatemalteco, hace énfasis en la responsabilidad particular del Ejército y el Estado Mayor Presidencial en la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, como quedó establecido en los párrafos 140 y 216 de dicha sentencia:

“La muerte de Myrna Mack Chang fue producto de una operación encubierta de inteligencia militar llevada a cabo por el Estado Mayor Presidencial y tolerada por diversas autoridades e instituciones” (Párr. 140)

“Está establecido que el presente caso de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang fue producto de una operación de inteligencia militar del Estado Mayor presidencial, que perseguía el ocultamiento de los hechos y la impunidad de los responsables y para tal fin, bajo la tolerancia del Estado, recurría a todo tipo de recursos, entre los que se encontraban los hostigamientos, las amenazas y asesinatos de aquellos que colaboraban con la justicia...” (Párr. 216)

La ardua labor y lucha de Helen Mack Chang para lograr el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial de su hermana, en conjunción con el trabajo realizado por la Fundación Myrna Mack, han logrado llevar hasta las últimas consecuencias este caso paradigmático para el sistema de justicia y para la sociedad guatemalteca en su conjunto, del cual se desprenden grandes lecciones y aprendizajes, a costa de la vida de Myrna Elizabeth Mack Chang.